La Fundación Justicia y Transparencia
(FJT), criticó que el Ministerio de Educación haya declarado de urgencia la
contratación de servicios relacionados con las pruebas nacionales, para
sustraerse del cumplimiento de las formalidades que establece la ley 340-06 y
su reglamento de aplicación.
El Director Ejecutivo de la entidad de
sociedad civil, Lic. Miguel Reyes Taveras, citó como prueba de su
denuncia, el
alquiler por decenas de millones de pesos, de camiones para transportar las
pruebas nacionales, contratación que fue declarada de urgencia por el ministro
de educación, Carlos Amarante Baret, mediante resolución No. 09-2009, con el
objetivo de excluirla de la aplicación de la Ley 340-06.
El licenciado Reyes manifestó que la
referida resolución de declaratoria de urgencia fue emitida sin un informe
pericial previo, en franca violación a la mencionada ley 340-06 y su reglamento
de aplicación.
Asimismo, reveló que en el mencionado
proceso, sólo participaron dos empresas, cuya actividad comercial es la
recogida de basura y la construcción, respectivamente, objetos comerciales
totalmente divorciados de los servicios contratados por el MINERD.
El licenciado Reyes expresó que resulta
preocupante que un sistema que lleva casi dos décadas aplicándose en el país,
como es el caso de las pruebas nacionales, para sus compras y contrataciones
utilice un procedimiento que la ley prevé exclusivamente para situaciones de
casos fortuitos, inesperadas e imprevisibles.
La ley 340-06 en su artículo 6 prevé que
“la dilación en el accionar de los funcionarios intervinientes” no es
considerado un fundamento válido para alegar razones de urgencia, agregó. De
modo que las autoridades del MINERD yerran al querer beneficiarse de la
improvisación y falta de planificación en el ejercicio de sus funciones.
El Director Ejecutivo de FJT, advirtió
que esa entidad seguirá atenta a la acciones del MINERD, a fin de velar por la
ejecución transparente del 4% del PIB que el pueblo dominicano conquistó. Y que
apoderaran a la Dirección General de Compras y a la Dirección General de Ética
Gubernamental, para que investiguen su denuncia y tomen las medidas de lugar.
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