Santo Domingo.-La presidenta del Senado, Cristina Lizardo, convocó para el próximo sábado la Asamblea Nacional Revisora para reformar la Constitución y establecer la reelección presidencial, para permitir que el presidente Danilo Medina pueda optar por un segundo mandatado 2016-2020, con un artículo transitorio de que solo podrá presentarse por ese segundo y único período constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) logró el consenso con los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y el Reformista Social Cristiano (PRSC) para obtener el voto favorable de 148 diputados, 80% de la matrícula, y aprobar el proyecto de ley que convoca a la Asamblea Revisora de la Constitución.
A las 3:00 de la tarde de ayer, unas dos horas después de ser aprobado, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, envió el proyecto al presidente Medina, para su promulgación.
Este miércoles se reunirán los equipos de protocolo del Senado y la Cámara de Diputados, para establecer los pormenores y el programa que regirá la Asamblea en la sesión del sábado.
La votación fue 148 a favor y 38 en contra, tanto en la primera como en la segunda lectura.
Votaron también a favor del proyecto los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Juan José Morales; de Samaná, y Fabio Vargas, de Barahona. De inmediato el vocero del PRM, Nelson Arroyo, anunció que quedaron automáticamente expulsados.
La asamblea
El artículo 271 de la Constitución establece que la Asamblea Nacional deberá reunirse dentro de los quince días siguientes a la publicación de la Ley que declara la necesidad de la reforma, con la presencia de más de la mitad de los miembros de cada una de las cámaras.
Añade que “sus decisiones se tomarán por la mayoría de las dos terceras partes de los votos”.
Asimismo, establece que una vez votada y proclamada la reforma por la Asamblea Nacional Revisora la Constitución será publicada íntegramente con los textos reformados.
En tanto que el artículo 270 de la Carta Magna establece que dicha ley no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo.
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