Por Eddy Olivares Ortega*
Apenas habían transcurrido cinco meses
desde la celebración de las elecciones congresuales y municipales, cuando el 29
de octubre del 2010, bajo el alegato de que había resultado negativo para la
democracia interna y el Sistema de Partidos, la Junta Central
Electoral resolvió eliminar la modalidad del voto preferencial, que había sido
incorporado mediante una
resolución administrativa en el año
2002 para la elección de los diputados.
Sin embargo, tres años después, el 27
de noviembre del 2013 los favorecidos por el voto preferencial lo restituyeron
mediante la ley 157-13. Se trata de aquellos diputados que desde la
posición de dirigentes medios lograron, gracias al voto preferencial, ocupar
sus curules en el Congreso Nacional y de los senadores que, cabalgando sobre
los hombros de los candidatos a diputados, pudieron ascender a la cámara alta,
gracias al arrastre, sin tener que esforzarse ni hacer grandes inversiones.
La referida modalidad de voto le brinda
al elector la libertad de escoger al candidato de su preferencia de una lista
cerrada y desbloqueada integrada por tantos candidatos como escaños
corresponden a la circunscripción.
El voto preferencial constituye una
democratización forzosa de los partidos políticos, que le permite a los
electores escoger entre varios candidatos de cada partido. Gracias a esto es
que los escaños que antes del voto preferencial, en los tiempos de las listas
cerradas y bloqueadas, estaban reservados para los amigos de las cúpulas
partidarias, en la actualidad se encuentran ocupados, en la mayoría de los
casos, por los cuadros medios de los partidos políticos.
Desde hace mucho tiempo, las élites de
las formaciones políticas han venido creando las condiciones para eliminar el
voto preferencial y retornar a la lista cerrada y bloqueada que les permitiría
seleccionar los candidatos de su conveniencia y convertirlos en diputados. Este
cambio es de gran importancia para las cúpulas de los partidos mayoritarios, en
este momento, debido a que les facilitaría negociar las alianzas con los
partidos y distribuir los cargos a su mejor conveniencia.
La eliminación del voto preferencial
solo sería factible si los partidos se democratizaran y, por lo tanto,
celebraran certámenes internos libres, transparentes y equitativos. Por lo
tanto, en este momento, nuestros partidos políticos no están en condición de
eliminar el voto preferencial y garantizar que los candidatos que se inscriban
en las listas cerradas y bloqueadas sean los preferidos por sus bases.
En ese sentido, eliminar el voto
preferencial en un tiempo, como este, en el que los partidos son cada vez más
antidemocrático, sería un grave error que podría afectar a todo el Sistema de
Partidos. De materializarse este despropósito, los partidos se alejarían, mucho
más de lo que están, de los electores, a quienes les estarían arrebatando el
derecho de escoger libremente a sus representantes, para ser impuestos por las
cúpulas.
*El autor es Juez de la Junta Central Electoral.-
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