Veeduría Ciudadana Desarrollista Barahonera

Por Virgilio Gautreaux P.

Llegar a tener el tipo de Democracia que hoy poseemos, ha costado mucha sangre, sudor y lágrimas al pueblo dominicano, desde aquel lejano (y presente) grito libertario del 27 de Febrero de 1844. 

En los 171 años transcurridos de vida independiente hemos experimentado de todo: cañonazos de los emperadores y dictadores haitianos, de la reina Isabel II de España y de los yanquis en 1916 y 1965. En ese trayecto también padecimos crueles Dictadores

corruptos y entreguistas. Librarnos de camarillas cívico-militares en 1965, implicó recibir candela por aire, mar y tierra, en un genocidio sin precedentes. Sin duda alguna, los niveles de independencia que poseemos han implicado grandes sacrificios.

Desde 1961 ha sido un constante batallar de parte del pueblo dominicano, para que el funcionariato nacional cumpla las funciones orgánicas propias de su cargo, a la vez que haga un manejo transparente de los recursos públicos que manejan. En estos 54 años, nuestra clase política lenta -pero consistentemente-ha ido creando mecanismos de salvaguarda que los preservan (y liberan) de responsabilidades éticas en lo relativo al manejo de los fondos estatales. De igual modo, han creado mecanismos para que todos los ciudadanos y ciudadanas del país, “contribuyan” financieramente con los partidos políticos nacionales, aunque la gente no milite en partido alguno debido a razones personales, religiosas, morales, etc.

En el proceso de “independencia” de la clase política dominicana, de muchos de sus deberes cuando ejercen funciones públicas, han ido creando “jurisdicciones privilegiadas”, inmunidades, blindajes y cualquier tipo de barreras, que le preserven de la acción penal contenidos en los mecanismos legales vigentes. De esta forma, los centenares de informes de la Cámara de Cuentas y su rosario de actos reñidos con la Ley, caen en oídos sordos y letra muerta. 

Nuria Piera y Alicia Ortega tienen varios años trayendo a nuestros hogares, 52 veces por año, cada semana, acciones dolosas de gente que por décadas ha considerado que los recursos que se extraen fiscalmente al pueblo dominicano y las entidades estatales, son para que ellos los manipulen a su antojo, sin ningún tipo de control ni sanción.

En la prensa dominicana hemos visto como han sido castigados los actos delictivos y manejo irregular de dinero público de los políticos brasileños, españoles, puertorriqueños, norteamericanos, coreanos, hondureños, panameños, peruanos y costarricenses, entre otros. En nuestro país, marchamos en dirección contraria. 

Anteriormente las Salas Capitulares eran poderosas estructuras de toma de decisión y control. Hoy son muchos los Alcaldes dominicanos que se han “liberado” de la fiscalización de estos organismos, contando en muchas ocasiones con niveles de complicidad de parte de la Liga Municipal Dominicana y de las áreas competentes del Ministerio de Interior y Policía.

Caso similar de “independencia” y no rendición de cuenta de sus actos, se observa en numerosos funcionarios en nuestra querida Barahona. Sin embargo, hay otros que trabajan de campana a campana por el progreso de la Perla del Sur, además de manejar con responsabilidad los fondos públicos puestos a su cargo.

En el continente latinoamericano están enfrentando eficazmente el “libre albedrío” de los políticos al frente de dependencias públicas. Para ello se han creado diferentes mecanismos de supervisión del uso de los recursos públicos y de estructuras colegiadas que participan en la identificación y ejecución de determinados proyectos e iniciativas de carácter municipal. Esta práctica también se ha extendido a entidades del gobierno central de esas naciones.

En este contexto, en varios países de América Latina y el Caribe se han creado verdaderas redes de Veeduría Ciudadana, que actúan como mecanismos de vigilancia de la gestión púbico-financiera de las autoridades públicas agrupadas en las diferentes instancias del Estado, incluyendo la Justicia, el Poder Legislativo y Municipal, las ONGs, etc.

En la República Dominicana, varias entidades comunitarias y asociaciones cívicas han logrado determinados logros, pero su margen es aún estrecho frente al poder discrecional de que disfrutan los políticos al frente de las entidades públicas. La rendición de cuentas es todavía una asignatura pendiente del funcionario público dominicano.

En el caso de nuestra “Republiquita barahonera”, es mucha la tela por donde hay que cortar. Si bien actualmente es muy poco lo que se puede hacer en materia de dar seguimiento al uso de los fondos públicos, por lo menos un instrumento que podemos iniciar es el seguimiento a los trabajos que ejecutan las principales dependencias públicas barahoneras en este año 2015. Ahora mismo una fuerte sequía está azotando los campos barahoneros y la falta de agua del Yaque del Sur, pudiera representar una amenaza del suministro de agua del acueducto. Entonces lo pertinente es que los encargados del INDRHI e INAPA de nuestra provincia expliquen a la población lo que está ocurriendo y detallen los pasos que están realizando para paliar esta grave situación.

Es difícil encontrar dentro y fuera de Barahona un funcionario que explique con claridad ¡¡¡qué rayos está pasando con los trabajos de la Presa de Monte Grande!!!

Hace poco, el Presidente Medina dispuso que en Cabral se realizaran trabajos de dragado y drenaje en la Laguna, pero las labores no se han iniciado y nadie aparece para dar las explicaciones pertinentes. En Paraíso reclaman que una serie de obras que el Presidente Medina dispuso su ejecución, tampoco se han iniciado. Piden la acción de los funcionarios que recibieron instrucciones del Mandatario. En Boca de Cachón aún aguardan la implementación de programas y proyectos en beneficio de los productores agropecuarios, luego de su reubicación en modernas viviendas.

También hace unos días se anunció la reanudación de la construcción de los tramos de las carreteras Azua-Barahona-Enriquillo, pero no hay señales de inicio. Lo mismo ocurre con las labores de los balnearios de Los Patos y El Quemaíto. No debemos permitir que estas justas preocupaciones de nuestros compueblanos sean canibalizadas por la politiquería, especialmente en un año pre-electoral.

En Barahona el CODIA, la ADP, el Colegio Médico, los gremios periodísticos, sindicales, las universidades y los religiosos, deben reunirse con los funcionarios barahoneros y pedir explicaciones de sus actividades. Esto se hacía en 1925 -hace 90 años- y daba buenos resultados.

¡¡¡Es mucho el trabajo que tienen por delante los Veedores barahoneros!!!