Santo Domingo.-
El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) consideró que el sistema
judicial dominicano ha tenido muchas luces y sombras durante el 2014, por lo
que deben realizarse profundos cambios.
Diego José García, presidente del CARD,
informó que entre los pasos de avance se encuentra la obtención de varias
sentencias en beneficio de la población, como la anulación de 1,200 títulos
de propiedad adquiridos de manera fraudulenta por unas 600 personas en el área
protegida Bahía de las Águilas, la decisión del Tribunal Superior
Administrativo (TSA) de evitar que se gravaran las
compras que se realizan por
Internet, de un monto menor de 200 dólares; así como la que ordenó a la
Dirección General de Minería y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales para que se detenga inmediatamente cualquier forma de gestión o autorización
que implique la explotación minera de Loma Miranda.
“El Colegio de Abogados fue uno de los
gremios que se pronunció en contra de la explotación de Loma Miranda y explicó
detalladamente los motivos legales”.
El gremialista indicó que otro de los
casos trascendentales para la sociedad dominicana fue el dictamen del Tribunal
Constitucional (TC) número /0256/14, que desconoce la competencia de la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos (Corte-IDH) para litigar procesos contra
República Dominicana, lo que liberó a la República Dominicana de un acoso
internacional en materia judicial.
Otra sentencia favorable del
Tribunal Constitucional fue la que ratificó la independencia y autonomía de la
Junta Central Electoral en el manejo de su control interno, actuaciones
administrativas y financieras, según el artículo 22 de la Constitución, lo que
otorga mayor fortaleza institucional al Órgano Electoral.
Las sombras
El
bajo presupuesto asignado a la Suprema Corte de Justicia y a la Procuraduría
General de República, son unas de las principales sombras que ha tenido el sistema
judicial dominicano en el 2014, debido a que esta situación ha provocado el
taponamiento en el manejo de muchos expedientes y que el personal de justicia
trabaje con múltiples precariedades.
El CARD indicó que tanto los jueces
como el personal administrativo se ven obligados a trabajar en exceso y con
limitaciones, por la falta personal y escases de recursos.
Varios
Palacios de Justicia se encuentran en mal estado por falta de presupuesto y
otros operan en condiciones de hacinamiento, como el Palacio de Justicia de la
provincia Santo Domingo, a pesar de ser la de mayor número de habitantes del
país.
Otras
de las sombras son los bajos salarios que devengan los fiscales y abogados que
trabajan en el sector público, que en algunos casos son de miseria, que no
permiten que los profesionales del derecho puedan resolver ni siquiera sus
necesidades básicas.
En
cuanto a los casos judiciales hubo muchas sentencias cuestionadas, como la
decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que descargó, por
falta de pruebas, a cuatro de los cinco acusados de asaltar, balear y dejar
ciega a la ingeniera civil Francina Hungría.
Otra sentencia muy cuestionada fue el
descargo del cura y capellán del Ejército Nacional Juan Manuel Mota de Jesús,
mejor conocido como el padre Jhonny, acusado de violar sexualmente a varias
adolescentes de Constanza, cuyos testimonios fueron obviados por los
representantes de la justicia.
Diego José García también calificó como no positivos los enfrentamientos
públicos entre la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso y la
jueza Margarita Cristo Cristo, relacionada con una investigación en contra del
ex ministro de Obras Publicas Víctor Díaz Rúa, lo que no proyecta una buena
imagen aceptable de la justicia dominicana.
"A pesar de las cosas positivas y negativas que se llevaron a cabo en el sistema
judicial dominicano, el Colegio de Abogados tiene fe en que nuestras
autoridades darán más apoyo al sector y exhortó a todos los abogados y
abogadas del país a poner su grano de arena para fortalecer dicho
sistema", expresó García.
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