Por Carlos Julio Días
Terrero
El limosnero mayor,
Dr. Abel Martínez Durán, presidente de la Cámara de Diputados de República Dominicana,
dispuso por motus proprio y sin el consentimiento de la mayoría del pleno de
dicho hemiciclo, la eliminación del fondo de gestión social (mejor conocido
como ‘el barrilito’) ascendente a más de 100 millones de pesos, y otros 75
millones que recibían para la compra y donación de juguetes para los niños
durante el Día de Reyes.
El propósito de esta
disposición administrativa es transferir esos fondos al
Ministerio de Salud
Pública, para beneficio de la población entera. Esto ha representado, para la
mayoría de los diputados, la ingestión de un trago agridulce que muchos de
ellos no quieren tomar. Los miembros del Senado, por su parte, no aceptan que
tal decisión se tome y que ponga en riesgo su política clientelar.
Los legisladores
arguyen que con esos fondos ellos pagan el alquiler de sus oficinas en la
provincia que representan, así como la limpieza y las facturas de teléfonos,
agua y servicio eléctrico, además de brindar ayuda a los miembros de su
comunidades proveyéndoles ayuda para sus recetas médicas, ayuda de emergencia
para la compra de ataúdes, pagos de ambulancias y otras tantas menudencias. Se
cuidan de no mencionar –mi remotamente- que con esos mismos fondos ellos pagan
sus choferes personales, los choferes de sus esposas, sus mensajeros y el
servicio domestico.
La disposición del
presidente de la Cámara de Diputados, ha dividido a la opinión pública. Por un
lado están los que dicen ese es un clientelismo político del presidente de la
Cámara de Diputados, que ante la imposibilidad de reelegirse en el cargo, trata
ahora de ganarse el favor político de los votantes de Santiago ante sus
pretensiones de alcanzar la alcaldía municipal de esa provincia.
Por otro lado están
los que apoyan y defienden esa medida, bajo el argumento de que ha sido bien
atinada y oportuna la inyección de fondos al alicaído sistema de salud
dominicano, mientras ponderan los beneficios que tal disposición representará
para la salud del pueblo.
Opinan además que con
esta disposición se eliminan la dependencia y el incremento de la pobreza,
además de que de ahora en adelante los legisladores tendrán más tiempo a las
labores propias de sus curules y al estudio de los proyectos de leyes y
contratos de venta que cotidianamente llegan al hemiciclo para su ponderación
y/o aprobación o rechazo.
Recuérdese que los
fondos del barrilito no llegan a los hombres y mujeres del campo, que por igual
tienen tanta o más necesidades que los habitantes citadinos, que por lo regular
saben donde vive o se refugia el legislador y que mes tras mes lo asedian con
un nuevo argumento para recibir ayuda.
Ahora bien, es bueno
que entendamos que todos los congresistas, aquellos que gritan porque le
quitaron la teta como aquellos que luchan por no soltarla; aquellos que dejan
entrever que son tan pobres de mente como las personas que pudieran
beneficiarse con el barrilito, son TODOS multimillonarios, a juzgar por las
declaraciones individuales sobre sus activos que tienen que rendir antes de ser
proclamados en el puesto de legislador.
Entiéndase también
que esos fondos que ellos luchan por conservar no provienen de sus salarios ni
de sus almacenadas riquezas. Son fondos que el Estado les provee producto de
los impuestos que nosotros pagamos por cada producto que compramos o consumimos.
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