Entre las violaciones en las que incurrieron se encuentran la utilización de recursos del Estado de forma irregular o en su favor; falta de soporte de gastos; suscripción de contratos con el Estado que implican privilegio oficial en su favor; violación de Ley de Compras y Contrataciones; así como el incumplimiento de la Ley de Función Pública 41-08 con la designación de familiares y allegados.
“Los Cabildos del país recaudan cientos de millones de pesos por servicios que ofrecen a la población, por lo que deben de tener registros pormenorizados de lo que ingresa y se gasta”, expresó la funcionaria luego de participar en una misa con motivo del 160 aniversario de la institución.
Agregó que algunas municipalidades también incumplen la ley que los rige la 176-07, en su artículo 21 sobre destinos de fondos.
Explicó que dicho artículo plantea que los Ayuntamientos deben destinar de sus ingresos propios y recibidos un 25 por ciento para personal, 31 por ciento para la realización de actividades y mantenimiento de servicios municipales que prestan a la comunidad, 40 por ciento para obras de infraestructura y 4 por ciento dedicado a programas educativos, de género y salud.
Indicó que el objetivo de los trabajos de la Cámara de Cuentas es observar, fiscalizar y hacer recomendaciones para que se registre un manejo más eficiente de los recursos públicos. En caso de violaciones de leyes sean graves y representen perjuicio al Estado, entonces son sometidos al Ministerio Público.
Aclaró que las auditorias sometidas al PEPCA corresponden a distintos periodos del 2006 al 2012.
Entre los cabildos y juntas municipales sometidas al PEPCA por irregularidades se encuentran los del Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Oeste, Los Alcarrizos, Santiago, la Vega, Puerto Plata, Villa Altagracia, Las Terrenas, la Esperanza, El Limón, Loma de Cabrera y de San Francisco de Macorís que se encuentra actualmente en los tribunales.
Asimismo los de Cabarete, Maimón, San José de las Matas, Nagua, La Esperanza, la Victoria, Consuelo, Estebanía, San José de Ocoa, El Pinar, Hato del Yaque, Sabana Grande de Palenque, Guayacanes, Sabana Iglesia, Licey al Medio, El Puñal, Los Hidalgos, La Paloma, el Pozo, Las Terrenas Samaná, entre otros.
La funcionaria explicó que las auditorias con indicios de responsabilidad penal son enviadas al ministerio público, quienes tienen en sus manos la facultad de profundizar las investigaciones y someter ante los tribunales los casos que entiendan necesarios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
La Caracola agradece su disposición de contribuir con sus comentarios positivos, siempre basados en el respeto a los demás y en la ética de la comunicación popular.