Un Código Penal Represivo y Opresor

Por Dr. Clemente Terrero

La represión es un mecanismo de fuerza que emplean los Estados para someter a la dominación y la exclusión social, al pueblo y a los sectores políticos que luchan contra la explotación.

La represión se puede efectuar por dos mecanismos distintos: por medio de la violencia o a través de las leyes del Estado; el fin es limitar la libertad de expresión y difusión del pensamiento, la libertad de acción y la libertad de movilización de las masas.

Los ciudadanos más jóvenes no tienen una idea de lo que fue la represión política en el país, en las décadas de 1960, 70 y 80, época en que no se podía caminar libremente por las calles, porque una patrulla de la policía lo podía detener y terminar en la cárcel o en el cementerio, por el simple hecho de ser joven. 

En realidad, no vivimos la misma época, pero hay que saber que el poder no renuncia a la represión ni a la opresión, que son sus principales mecanismo de dominación, es un asunto de supervivencia, una necesidad y una obligación mantenerlos vigentes, única manera de evitar que la gente proteste contra los abusos del poder.

En tiempos pasados, la violencia era el principal método de represión: atacar las protestas con bombas, tiros, golpear y apresar manifestantes; la desaparición y las muertes eran usuales. Pero los tiempos han cambiado, esos medios, aunque quisieran, no pueden ponerlos en práctica, porque podrían provocar la rebelión de las masas y perder el control.

La lucha contra la opresión se ha fortalecido, porque las masas han despertado. La aparición de las redes sociales y los teléfonos inteligentes que graban los hechos de manera instantánea, con fotos y videos, obligan a la clase dominante a rediseñar sus métodos de acción contra los llamados revoltosos en el país.

Las denuncias que realizan los creadores de contenido, que surgieron con la aparición del internet y las redes sociales, una modalidad de comunicación, de expresión y difusión de las opiniones, que llega a los sentimientos del pueblo, han generado preocupación en los dueños del statu quo imperante.

En el país existe un entramado de poder compuesto por los partidos políticos del sistema, los empresarios dominicanos y extranjeros, que están preocupados por el desarrollo de los últimos acontecimientos políticos, el descontento social que se está manifestando y podría seguir manifestándose.

Ese poder ha visto que el Código Penal podría ser una pieza clave para detener las denuncias de corrupción pública, el saqueo de los recursos naturales, la impunidad, la inseguridad ciudadana, los abusos y crímenes de la Policía Nacional, la pobreza, la exclusión, la arrogancia, la prepotencia de los funcionarios del Gobierno, el deterioro de los servicios públicos y muchas cosas más.

Por eso, están tratando de enmascarar la represión a través de las leyes, mismas que pueden aprobar en el Congreso para legitimar sus acciones, intimidar y someter a la población, limitando las libertades públicas y los derechos constitucionales con fuertes penalizaciones.

El deterioro que ha experimentado el ecosistema político dominicano está a la vista de todos, situación que preocupa a la élite dominante del país y al imperio norteamericano, que se han dado cuenta de la falta de confianza que tiene el pueblo en los políticos de los partidos del sistema, que los han convertidos en proyectos personales para el ascenso económico y social con el dinero de público.

Se describe que este Código Penal fue elaborado en el año 1997, con casi 30 años en el Congreso Nacional, pero no había sido aprobado por la oposición de sectores preocupados por una serie de artículos que lesionaban los derechos de las personas.

A lo largo de ese período, han ocurrido acontecimientos en el orden político y social, protestas y movilizaciones que expresan el descontento popular por el alto costo de la vida, por la galopante corrupción de los partidos del sistema, vinculados al monopolio económico, la entrega de la soberanía nacional al poder geopolítico, en contra de lo que establece la Constitución.

Ante la expansión de los medios digitales y su contribución con el despertar de las masas, el efecto mediático de las denuncias que hacen sobre las malas acciones de los políticos que dirigen el país, denuncias que en cuestión de minutos llegan como un rayo a la población a nivel nacional, los hace aprobar con urgencia el Código Penal, que popularmente llaman Ley Mordaza.

Esta ley es un proyecto fascista, aprobado por todos los diputados y senadores del Congreso, una señal clara del compromiso que tienen los partidos políticos con establecer un régimen autoritario, represivo y opresor, tratando de controlar el descontento y detener los procesos de cambios que demanda el país.