Nota enviada a La Caracola
Méndez, quien fuera presidente de la Comisión Permanente de Frontera de la Cámara de Diputados, puso como ejemplo de su denuncia el hecho de que a un nacional haitiano lo sacaron de su trabajo y supuestamente trasladado a su país, pero con el pago de 20 mil pesos llegó hasta Santiago, "y de ahí sin inconveniente alguno arribó a Santo Domingo, y retornó de nuevo a su puesto en el lugar que trabaja".
El exdiputado señaló que conoce "muchos casos" en los que nacionales haitianos, a pesar de tener su documentación al día y estar legalmente en la República Dominicana, son llevados hasta la frontera por negarse a sobornar a patrullas motorizadas que les exigen dinero.
"Hemos documentado situaciones donde se les requiere 'aunque sea mil pesos', "como el caso de una joven obligada a buscar cinco mil pesos para ser liberada, e incluso un haitiano que, tras ser apresado y cruzado a la frontera dominico-haitiana, regresó a su hogar en un pueblo fronterizo con solo 500 pesos", detalló Méndez, evidenciando un patrón alarmante de extorsión y corrupción.
Vulneración de Derechos y Riesgos Internacionales
El exlegislador advirtió que estas prácticas no sólo son inaceptables, sino que también acarrean serios riesgos para la imagen y la responsabilidad de la República Dominicana ante la comunidad internacional. Recordó sus advertencias previas sobre las consecuencias de la deportación de mujeres parturientas o en labor de parto, la separación de familias y la deportación de niños y niñas sin identificación ni acompañamiento.
"La forma en que se están llevando a cabo estas acciones podría generar graves responsabilidades legales para la República Dominicana, pues la intervención en centros de salud y la separación de núcleos familiares, vulneran los estándares internacionales de derechos humanos y la protección especial debida a estas personas en estado de indefensión", enfatizó Méndez.
Llamado Urgente a la Transparencia y la Legalidad
El exdiputado por la provincia Bahoruco reiteró que, si bien el Estado tiene el derecho a regular el flujo migratorio, la deportación de personas en estado de indefensión, sin las debidas garantías legales y sin considerar su extrema vulnerabilidad, podría ser interpretada como un trato inhumano o degradante.
"El derecho internacional contempla la 'deportación o traslado forzoso de población' como un posible delito de lesa humanidad bajo ciertas circunstancias, especialmente cuando se realiza de manera sistemática contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque", recordó Méndez, urgiendo a las autoridades migratorias a actuar con la debida transparencia y apego a la ley.
Méndez hizo un llamado a una revisión urgente de los protocolos de deportación y a garantizar que las acciones de las autoridades migratorias se enmarquen en el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales, evitando así la exposición del país a condenas internacionales por actuaciones irregulares.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
La Caracola agradece su disposición de contribuir con sus comentarios positivos, siempre basados en el respeto a los demás y en la ética de la comunicación popular.