Por Rafael Matos Féliz
Esta segunda entrega relacionada
con la explosión de Polyplas, se justifica porque no es desde ahora que se
viene denunciando el desorden y la corrupción en todo el negocio de los
combustibles en el país. “Lo que pasó en Villas Agrícolas, desnudó
aún más a la República Dominicana como un país violador de sus propias leyes y
reglamentos en perjuicios de la ciudadanía y del interés nacional, en
beneficio de dos o tres mafiosos”.
Se publicó que una empresaria,
dueña de varias envasadoras de GLP, sostuvo que además de los obstáculos que les
ponen a los futuros dueños de negocios de este tipo, “Se debe tener a manos
entre dos o tres millones de pesos para distribuirlos a las personas que
supervisan los terrenos, avalan el impacto ambiental, inspeccionan terrenos e
infraestructuras para determinar si está dentro del marco de la ley, aunque
esto último no importa mucho, si tiene el dinero”.
Para la venta del gas (GLP),
la Resolución 240-2007, de Industria y Comercio, establece que la
distancia mínima entre una planta y otra de GLP debe ser de 3,000 metros en el
Distrito Nacional, provincia Santo Domingo y en Santiago de los Caballeros y de
2,500 metros en las demás zonas del país. Sin embargo, en perímetros de
menos de 100 metros de distancia operan tres y cuatro estaciones de expendio de
gasolina y GLP, instaladas en violación a las normas.
El expresidente de la Asociación Nacional de Detallistas de
Gasolina (ANADEGAS), Emilio Vásquez (2013-2015), calificó de “violadores
tangibles y persistentes de las leyes” a funcionarios que han pervertido el
negocio de los combustibles en el país. “Esos personeros de varias
instituciones del Estado, otorgan permisos a diestra y siniestra, a través de
un proceso mayúsculo y a gran escala de corrupción, que salpica a funcionarios
enquistados en el Palacio Nacional”. Deploró que, “hoy en lugares residenciales
o próximo a escuelas, hospitales, iglesias, parques infantiles y recreativos,
se instalan estaciones gasolineras y plantas de gas propano, aprobadas como “combos”
en Industria y Comercio”, violando leyes y reglamentos.
La propia Anadegas afirma que
Industria y Comercio, por acciones politiqueras, ha autorizado 1,200 tanques
para que funcionen bombas de patios, que además de representar un peligro se
convierten en competencia desleal para los detallistas organizados que pagan
impuestos al fisco.
El Presidente de Anadegas, Arnulfo Rivas (2015-2017), dijo
que el caos existente en el negocio de los combustibles es por falta de
transparencia, donde funcionarios del Gobierno se están ganando miles de
millones de pesos, “y ocurre que cuando lo denunciamos, el ministro de
Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, nos enfrenta y como reprimenda
nos rebaja los márgenes de beneficios”.
Se indica que “el Plan Regulador de Industria y Comercio
tiene en carpeta más de cien expedientes del formulario M-11, y más del 70 por
ciento de estos ya tienen el visto bueno para que los solicitantes instalen sus
estaciones, y muchas de ellas violan las leyes y las normas”. Se afirma que en ese desorden están involucrados funcionarios
de Medio Ambiente, Industria y Comercio y Obras Públicas.
También se incluyen a la
Defensa Civil, Cuerpos de Bomberos, Planeamiento Urbano de los Ayuntamientos,
Dirección General de Catastro y la Liga Municipal Dominicana (LMD), ya que deben
avalar las instalaciones de plantas de GLP y las demás estaciones de
carburantes que operan fuera del Gran Santo Domingo y Santiago de los
Caballeros.
El ex presidente de Anadegas y
distribuidor de gasolina al detalle, doctor Rafael Polanco, sostiene que para
obtener un formulario M-11 de Industria y Comercio y conseguir la licencia de
instalación de una estación de combustibles, se debe erogar de “peaje, según la
demarcación geográfica, dos, tres y cuatro millones de pesos”. Que eso asegura
la concesión de la permisología sin importar que no se cumpla con los
requerimientos.
Con esos mecanismos se han
instalado negocios en el Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Santiago,
Puerto Plata, San Francisco de Macorís, Barahona, y muchas otras demarcaciones,
ninguno de los cuales cumple con las leyes vigentes.
Estamos
esperando que el gobierno asuma su responsabilidad, pues existen todas las
condiciones para muchas desgracias más, como la de Villas Agrícolas.
Solidaridad
y paz en Navidad y Año Nuevo
Con aprecio,
Rafael
Matos Féliz
Por
el Desarrollo Sostenible
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