Dictan tres meses de prisión preventiva contra expresidente de Guatemala
El juez argumentó que todavía hay personas prófugas y que por su
investidura de ex presidente, Pérez Molina tiene influencia en las personas
prófugas y podría entorpecer la investigación de la fiscalía. El abogado del ex
presidente, César Calderón, pidió que el período de la detención
preventiva fuera de un mes, pero el juez rechazó la solicitud y decretó los
tres meses permitidos por la ley.
El
Congreso de Guatemala retiró la inmunidad a Pérez Molina la semana pasada, lo
que provocó su posterior renuncia y la elección del Vicepresidente, Alejandro
Maldonado, como mandatario de la nación centroamericana.
Denuncia tortura sicológica
Pérez Molina denunció que su celda es un cuarto
pequeño con baño y que tiene una pequeña ventana con barrotes; tan grande como
una computadora portátil.
La celda está en el cuartel militar de Matamoros, en la capital
del país, que es manejada por el sistema penitenciario civil. Dijo que el lugar
tiene una puerta de metal y que sólo los guardias la pueden abrir por fuera.
Pero, dice Pérez Molina, que generalmente la celda está abierta y
que él puede salir hasta un pequeño corredor al frente del cuarto. Dos guardias
lo custodian. Agregó que padece de picaduras de mosquitos, que tuvo fiebre
durante un fin de semana y que un médico le recetó antibióticos.
En una votación histórica, el Congreso de Guatemala decidió el
martes de la semana pasada retirar la inmunidad al presidente para permitir que
sea investigado como cualquier ciudadano. Poco después de conocerse la
decisión, aprobada por unanimidad por los 132 legisladores presentes en la
cámara, un juez le prohibió salir del país. Aldana explicó que se trataba de
una medida preventiva.
La estructura, denominada “La Línea” por ser una especie de
“alternativa” para resolver trabas en importaciones y reducir el pago de
impuestos, estaba supuestamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, ex
secretario privado de la ex vicepresidenta.
La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad de
Guatemala, informaron que cuentan con 88.000 escuchas telefónicas, entre las
cuales habría una en la que se escucha al presidente hablando con Carlos Muñoz,
superintendente de Administración Tributaria, y ordenando cambiar al gerente de
recursos humanos de la institución porque no facilita la recaudación
tributaria.
Por ley, esa agencia es un ente autónomo y sin injerencias del
ejecutivo. Según la fiscalía, el cambio de gerente se realizó, lo que facilitó
el trabajo de la organización desmantelada.
Pérez Molina ha negado su participación en los hechos y asegura
que solo pretendía mejorar la recaudación tributaria del país. Al menos 100
personas están siendo investigadas por el caso de “La Línea”. Entre ellas está
Baldetti, quien tuvo que renunciar a su cargo en mayo y está en prisión
preventiva acusada de haber recibido al menos 3,7 millones de dólares en
sobornos, según la Comisión.
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