Hasta hace poco, los tribunales del país eran el escenario para juzgar, condenar o liberar culpables. Un sector de la sociedad ha decidido que muchos casos no deben ir a esos lugares, aunque son los únicos señalados por la Constitución para juzgar la comisión de algún delito.
Hay quienes creen que los lugares para juzgar y condenar son ahora las redes sociales, en muchos casos. En otros, son las calles o los parques, donde se dicen y se hacen toda clases de acciones y
votaciones en contra de aquel que no comulga con los “honorables y justos” que se han constituido en los jueces para decidir el destino de las personas que son consideradas por ellos como...“culpables”.
Los tribunales están siendo descalificados. Los jueces que los conforman son destruidos moralmente sin presentar UNA SOLA prueba en contra de ese ciudadano, que fue escogido LEGALMENTE para ejercer esa función en algunos de nuestros tribunales o altas cortes.
Otros rechazan a quienes ocupan algunas de esas posiciones, descalificándolos con falsedades y acusaciones tremendistas. Cuando se le pide que presenten las pruebas en contra de esas personas, se limitan a decir que “aquí todo el mundo sabe porque se le acusa”. Y así no puede ser.
Ahora se cuestiona a todos los jueces que llevan los casos de Odebrecht, el CEA, Los Tres Brazos, Tucanos, o cualquier otro que involucre a un funcionario del gobierno o un ciudadano que no comulgue con el pensamiento de los impulsores del movimiento moralizador que recorre el país. Aunque se ignora cuál será su decisión final, pero de todos modos se maltrata y cuestiona su honor y profesionalidad.
Si vivimos en una sociedad organizada, y si tenemos tribunales creados por leyes y avalados por nuestra Constitución, entonces debemos regirnos por ellas. Si un juez es el que tiene que juzgar a un ciudadano, al menos que no se presenten pruebas contundentes que demuestren que ese juez es un sinvergüenza, un corrupto, un violador o cualquier otro calificativo, se debe respetar a ese funcionario y seguir las reglas establecidas. Aunque luego se recurra su decisión, como mandan los reglamentos y leyes, los escenarios para juzgar y condenar a los violadores no pueden ser establecidos de acuerdo a los intereses de un sector o una persona en determinado momento. Respetemos los tribunales judiciales para condenar o liberar a supuestos culpables.
Nadie puede ser condenado sin pruebas y las calles no pueden ser el escenario para condenar y desmoralizar sin presentar pruebas, aunque sí puedan ser usadas para reclamar derechos y expresar quejas.
Recordamos a esos que hoy cuestionan estos mecanismos que, como dice el refrán popular, “hoy por ti y mañana por mí”.
Lo que hoy es aparentemente favorable, mañana puede ser todo lo contrario.
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