Por Dr. Víctor
Terrero Encarnación
En
la República Dominicana hemos logrado significativos avances con relación a la
salud de la mujer.
Hemos
venido incorporando
en la agenda de trabajo, políticas públicas de primer orden
para que las mujeres puedan asumir y transformar
positivamente sus vidas, entre las que
cabe destacar planes intersectoriales para la reducción de la mortalidad
materna, la prevención del embarazo en adolescentes y la prevención y atención al VIH/SIDA y el
abordaje de la violencia basada en género.
Tenemos
el compromiso de alcanzar el desarrollo sostenible establecido por vía de 17
Objetivos aprobados por la Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de
2015, el tercero de los cuales pretende lograr una vida saludable y promover el bienestar
para todos a cualquier edad.
Sin embargo, formamos parte de los cuatro países que a nivel mundial tienen todavía por delante el gran desafío de hacer frente a una situación que indica
un progreso lento y desigual que afecta a las mujeres, a causa de las disparidades de género, que exhibe como uno de sus
mejores ejemplos el indiscutible problema de salud pública que
representa el aborto, cuya penalización obliga
a las mujeres a practicarlo en condiciones clandestinas e inseguras.
Existe consenso
mundial de que la penalización del aborto expresa los significativos niveles de
inequidad que afecta a las mujeres, especialmente a aquellas más pobres; posiblemente
las que no han tenido el acceso oportuno a servicios de salud reproductiva y
planificación familiar; las que por las condiciones de hacinamiento en que han
vivido han sido expuestas a un incesto; las mujeres que alimentan las estadísticas de violencia sexual, o las
de las de una violación, o las que aportan el 10% de las muertes maternas que ocurren cada año en el país.
En el marco de
la revisión del Código Procesal Penal del país, llevada a cabo por la Cámara de
Diputados, la aprobación del aborto en los casos de violación o incesto, o cuando
la vida de la madre está en peligro, cuando el embarazo es resultado de una
violación o incesto, cuando el feto presenta malformaciones que sean
incompatibles con la vida ,constituye una oportunidad para que como país demos
una respuesta justa, sostenible y fundamentada en los Derechos Humanos, a este
problema de salud pública en la República Dominicana.
Para estos
fines, entendemos que el papel de los congresistas es conocer el impacto que
sobre la salud pública implica la
realización de más de cien mil abortos
clandestinos al año, y cuya práctica continuará, independientemente de su
prohibición, con el agravante de ser realizados en condiciones de inseguridad,
y por manos inexpertas.
Sería importante
que nuestros congresistas centraran la
discusión y decisión sobre este tema, en las implicaciones médicas y en
enfoques de salud pública, basados en evidencias científicas.
Seria provechoso
que nuestros legisladores valoraran el derecho que tienen nuestras mujeres a la
dignidad e integridad; el derecho de las mismas a ejercer sus derechos
reproductivos, que son Derechos Humanos, y su derecho a la integridad y
dignidad en circunstancias excepcionales, como las citadas anteriormente.
Solo a ustedes, distinguidos
congresistas, les corresponde en esta coyuntura, tomar una decisión inteligente, libre de prejuicios y de
presiones dogmáticas.
A ustedes corresponde tomar una
decisión fundamentada en la razón y el
espíritu de justicia.
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