¡PROPONES MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN!

Organizaciones sociales dictan conferencia sobre Odebrecht y la corrupción

Por Pedro Cano

Santiago, RD.-Una importante conferencia sobre el caso Odebrecht, fue realizada el viernes pasado en esta ciudad, en la cual se resaltó la importancia de las movilizaciones ciudadanas que se están dando a lo largo de toda la República Dominicana, como un aspecto esencial para poner fin a la corrupción y la impunidad.

En la conferencia “La Corrupción de Odebrecht, Propuestas para Enfrentarla”, realizada en la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña, el principal expositor fue el Doctor Eduardo Vega Luna, ex Defensor del Pueblo del Perú y ex Presidente de la Comisión Presidencial de Integridad.

En el acto, organizado por el Centro Bonó, CEFASA, Somos Pueblo, Masada, Participación Ciudadana, Santiago Somos Todos, Centro Juan XXIII y el Comité de Santiago por el Fin de la Impunidad, participó un selecto grupo de personas, las cuales se han unido para detener la corrupción y que se adopten medidas para la prevención y sanción de los delitos contra el patrimonio público. 

Para los presentes en el evento, el gran reto consiste en un desempeño independiente, imparcial y soberano del poder judicial, del Ministerio Público y de las agencias de control y fiscalización de las cuentas públicas.

Mientras que para los organizadores, es muy preocupante lo que denominan como "complicidad del Gobierno y de una parte de la clase política en los escándalos de corrupción, sobrevaluación y sobornos, como son los casos de Odebrecht, los tucanos, la Sun Land, OISOE, Punta Catalina, entre otros, con los que se financiaron las campañas electorales y se acumularon gigantescas riquezas para unos pocos”.

Eduardo Vega Luna expuso como prioridad alcanzar al menos cinco objetivos: la máxima transparencia del Estado, el cambio del régimen de contrataciones públicas, la reforma del Sistema Político, el Sistema de Justicia e instaurar la cultura de integridad. 

En la Conferencia se planteó una serie de medidas que se deben adoptar para instaurar la máxima transparencia en el Estado, incluyendo fortalecer el servicio civil, la integridad y la ética del sector público; eliminar las prácticas y la cultura que propician el tráfico de influencias, obligando a los funcionarios a la declaración pública no solo del patrimonio sino también de sus intereses y los de sus relacionados; e impedir el ingreso a la función pública de las personas condenadas por corrupción, narcotráfico y lavado de activos. 

También se propuso como medida ejemplar adoptar el “voto de confianza” para evaluar a los funcionarios públicos, que otorga la facultad de destituirlos o apartarlos del ejercicio público para quienes se vean envueltos en casos de corrupción.

Entre las conclusiones se destacaron el fortalecimiento de la institucionalidad en el Estado, la obligatoriedad de la declaración de bienes de las personas políticamente expuestas, una mayor democracia en los partidos políticos, que el financiamiento no tenga donaciones anónimas y las sanciones efectivas tanto a los corruptos como a los corruptores. Igualmente, se consideró necesario para mayor garantía y transparencia que todos los contratos tengan dentro de su cuerpo expositivo una cláusula anticorrupción.