Indotel cierra otras cuatro
emisoras que operaban de manera ilegal
Santo Domingo.-El
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), cerró en Santiago,
Jánico, San José de Las Matas y Licey, cuatro emisoras que operaban sin
autorización legal, con lo que se eleva a unas once las radiodifusoras
clausuradas e incautados sus equipos en la región del Cibao.
El presidente del órgano regulador, José Del Castillo, ratificó el cierre de las
emisoras en la zona de Santiago, al ser entrevistado en el programa El Gobierno
de la Mañana, que se
produjo desde el pabellón del Indotel en la XX Feria
Internacional del Libro 2017, donde insistió, asimismo, que cerrará las 70
estaciones identificadas que operan ilegalmente en distintas zonas del país,
sin importar quienes sean sus propietarios.
Los
inspectores del Indotel, acompañados de miembros del Ministerio Público,
intervinieron y clausuraron las emisoras 93.5 FM, propiedad de Rafael Vaudelio
Espinal, en Santiago y la
102.9 FM (La Janiquera), de Jánico.
También, la
90.7 FM (Jesús y María), de San José de Las
Matas, y la 85.5 FM (Liceydiana), que operaba en la carretera Duarte en el municipio de
Licey.
El
supervisor general de la Unidad de seguridad del Indotel, Wendy Joaquín Arias
Vásquez, coronel paracaidista de la Fuerza Aérea, informó que en el operativo
en el que participó además un equipo de ingenieros de la Gerencia Técnica, del
departamento de Inspección y representantes del Ministerio Público, se
incautaron equipos de transmisión y cientos de pies de cable.
Asimismo,
se requisaron radios de enlace, consolas, excitadores, micrófonos, compresor de
audio, amplificadores, antena penetradora y pies de línea transmisora.
Del Castillo manifestó que la
operación de estas emisoras afecta la transmisión de aquellas que cumplen con
la regulación, que tienen su concesión, que pagan sus impuestos, mientras las
ilegales depredan el mercado de lo que implica la informalidad en término
comercial.
“Yo tengo
una responsabilidad, el Consejo Directivo y empleados del Indotel, de hacer
cumplir la ley; si nos hacemos de la vista gorda o no garantizamos su
cumplimiento, lo que está comprometido aparte del buen nombre o de la
valoración de una gestión y demás, es la responsabilidad personal en términos
penales y patrimoniales del funcionario público”, enfatizó.
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