Por Ana Belique*
Durante la semana pasado se hizo pública la noticia de una nueva
sentencia sobre el caso de Juliana Dequis. Varios amigos y allegados nos han
llamado preguntándonos acerca de esa nueva sentencia y sus implicaciones.
¿Que
pasó con Juliana Dequis después de todo el bluff de la sentencia 168-13 y la Ley
169-14?
La realidad va
más allá del intento por desacreditar a los abogados y organizaciones que han
llevado su caso, pues los abogados de Juliana no han dejado de dar seguimiento
y acompañamiento a su situación.
Después de la
pantalla de entregarle el acta, Juliana Dequis fue demandada por ante un
tribunal, pues eso era un mandato de la sentencia 168-13 y también a raíz de la
duplicidad fruto de la transcripción que hizo la Junta Central Electoral. El
hecho es que Juliana se encontraba con dos actas de nacimiento, la de 1984
cuando ella nació y la de 2014, invento de Roberto Rosario.
La JCE
interpretó que, antes de entregar las actas de nacimiento conforme la ley
169-14, no solo debía auditarlas, sino que también debía transcribirlas, es
decir hacer un nuevo registro, cosa que no ordenaba la ley. Con una
interpretación tirada de los pelos que distorsiona lo establecido en la norma,
la JCE creó un nuevo libro exclusivo para los dominicanos de ascendencia
haitiana no contemplado en la ley 169-14.
Una vez la JCE
creó ese nuevo registro, las personas transcritas se encontrarían con
duplicidad de acta y la única forma de resolver este nuevo problema sería
solicitando ante un tribunal la nulidad de uno de los dos registros y
lógicamente, como el lector comprenderá, la JCE ha solicitado en todos los
tribunales que se anule el primer registro, es decir el original y auténtico.
Así la JCE se
ha asegurado de que no quede forma alguna de nosotros poder acceder a nuestra
acta original, anulando la prueba de nuestra nacionalidad y de nuestro registro
anterior a la sentencia 168-13 y a la ley 169-14, quedándonos así solo con el
acta transcrita.
Ese libro de
transcripciones es un libro que se sustenta en el imaginario de Roberto
Rosario, su creador, pues no cuenta con base legal, no está amparado por la ley
659 sobre actos del Registro Civil; es un libro ilegal que nos coloca en una
posición de mayor inseguridad y en otro limbo jurídico.
Es un libro
frágil, pero que a la vez se constituye en la prueba material de la segregación
racial de la cual hemos sido objeto, pues es exclusivo para dominicanos de
ascendencia haitiana. Allí
aparecemos como si todos hubiésemos sido declarados en un mismo año: 2015-2016.
Un verdadero apartheid en República Dominicana y en pleno siglo XXI.
Me imagino que
no todos entienden las implicaciones de ese nuevo libro. Solo les dejo un
detallito más para que puedan entender: el número de evento de nuestra acta de
nacimiento es cambiado al cambiar el libro, folio, acta y año que figuran en
nuestras actas de nacimiento. Eso quiere decir que cambia la información base
para nuestra cédula de identidad y para todos los demás documentos de nuestra
vida cotidiana.
Es por eso que
decimos que con esta aplicación de la ley 169-14 no se reconocen nuestros
derechos, nos han convertido en dominicanos de segunda categoría.
No ha sido
Juliana Dequis la primera afectada que sido vulnerada con una nueva sentencia
de nulidad de su acta de nacimiento. Desde principio del 2016 se han producido
decenas de casos. De los casos que acompañamos desde el Movimiento Reconocido
ya llevamos más de una decena y continuamos con otros tantos en estado de fallo
en varios tribunales.
Lamentablemente
la mayoría de las personas que están siendo demandadas o que sus casos están
conociéndose en los tribunales, ni siquiera se han dado por enteradas, pues no
siempre la JCE ha hecho las debidas notificaciones o sencillamente la persona
no tiene dinero para buscar un abogado. Al racismo de todo este procedimiento
hay que añadirle un claro y severo carácter de segregación clasista. Agrede a
los descendientes de haitianos que además suelen ser pobres.
Tenemos ahora
mismo el reto de hacerle frente a la cacería que se mantiene desde la JCE con
las demandas en nulidad, pues aún con la nueva administración se mantiene el
mismo escenario. Hasta el momento no han sido diferentes las medidas aplicadas
por esta nueva administración de la JCE y a la vez es como si volviéramos al
principio del problema.
*La autora es Estudiante de Sociología, Activista social y defensora de derechos, Lideresa del Movimiento Reconoci.do.-
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