Santo Domingo.-La Tesorería Nacional de la República retendría el salario como sanción a los funcionarios públicos que no hayan presentado sus declaraciones juradas de bienes y patrimonio, según informes obtenidos ayer por este medio.
Hasta el pasado 4 de noviembre eran 4,727 funcionarios públicos, y personas que cesaron en sus funciones, los considerados por el Estado como omisos en la entrega de sus declaraciones de patrimonio ante la Cámara de Cuentas.
Los funcionarios públicos deben presentar sus declaraciones juradas de patrimonio en un plazo no mayor a 30 días desde que asuman en sus puestos, y también cuando cesen en las funciones públicas que realice.
La Procuraduría General de la República le pidió mediante comunicación a la Cámara de Cuentas, la relación de los funcionarios obligados a presentar sus declaraciones juradas, con el detalle de cuáles no la han presentado ante el organismo fiscalizador.
Una de las respuestas de la Cámara de Cuentas es que se encuentran actualizando el primer listado, en función de los cambios que introdujo el presidente Danilo Medina en el tren gubernamental con su juramentación en agosto del presente año.
De estos totales, es importante aclarar que no incluyen a los funcionarios que se encontraban ocupando sus cargos sin que mediara un decreto del Poder Ejecutivo de confirmación o ratificación de sus funciones, ni tampoco una confirmación de su superior jerárquico.
“Los funcionarios públicos obligados a declarar tienen que presentar, dentro de los treinta días siguientes a su toma de posesión, la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal”, señala la Ley 311-14.
Históricamente la Cámara de Cuentas ha tenido problemas para recabar todas las declaraciones de patrimonio de los funcionarios dominicanos, que en algunos casos han alegado ignorancia, porque en la legislación anterior a la vigente no tenían que presentar sus bienes ni patrimonios.
El pasado 16 de septiembre, la Cámara de Cuentas informó que 500 servidores públicos se habían presentado a sus oficinas para depositar sus declaraciones juradas, un grupo de funcionarios que era encabezado por el presidente Danilo Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño.
Un poco antes, el 9 de agosto, la presidenta de la Cámara de Cuentas le pidió a la Junta Central Electoral (JCE) los listados de los funcionarios electos en las pasadas elecciones, así como el registro de los funcionarios electos que dejaron sus puestos el 16 de agosto, luego de 6 años de gestión congresional o municipal.
Aquellos funcionarios que no presentaren su declaración jurada en el plazo establecido u omitan o falseen información sobre su patrimonio, serían penalizados con prisión de uno a dos años, y multa de veinte hasta cuarenta salarios mínimos del Gobierno Central, según la legislación vigente.
Los funcionarios públicos tenían que rellenar un formulario en una aplicación de internet de la Cámara de Cuentas, que era una especie del primer paso de su declaración de bienes. Luego tenían que presentarse a las oficinas de la institución fiscalizadora con los documentos en físico para su validación ante un personal especializado.
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