Por Salvador Holguín
En los últimos tiempos vienen ocurriendo accidentes de tránsito con
saldos trágicos en las diferentes autopistas del país, como por ejemplo, lo
sucedido la noche del pasado sábado 9 de julio del año en curso, que costó la
vida de unas 16 personas, en el trayecto Sánchez-Nagua, el suceso en la
carretera Verón-Higüey entre dos autobuses, en la recta de Leonel Taveras, el 26
de noviembre del 2015, que dejó 10 muertos y 78 heridos en estado crítico; el 21
de enero del 2016 donde hubo cinco muertos y varios heridos en el kilómetro 14
de la carretera de
Cumayasa en La Romana, solo para citar algunos casos.
Estas muertes son provocadas por la imprudencia, falta de educación y
conciencia de los suicidas, quienes manejan camiones, patanas y autobuses; pero
también por la irresponsabilidad de la justicia dominicana, que no los condena,
la Policía Nacional (PN) que no los apresa y la Autoridad Metropolitana de
Transporte (AMET) que no los fiscaliza, ni tampoco los detiene cuando transitan
de forma temeraria y con las gomas lisas. Todos estos momentos trágicos
acontecen por lo permisivos que son las autoridades con los sicarios del transporte, que siguen cobrando vidas ante la
insensibilidad y carencia de mando por parte de quienes están para hacer
cumplir las leyes y la Constitución de la República.
Según el informe global sobre seguridad vial, de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), la República Dominicana registra la tasa más alta de muertes
por accidentes automovilísticos en el territorio nacional, mientras Cuba es el
que registra una menor cantidad de víctimas viarias.
La tierra del comandante Fidel Castro, es la única de América Latina con
un porcentaje muy reducido de fallecimientos en accidentes de tráfico por cada
100,000 habitantes, menos de 10, y en el otro extremo se encuentra RD, con una
proporción de 29.3. La OMS calcula que en Brasil se producen 46,935 pérdida de
vidas al año por catástrofes viales y en México 15,062. En Cuba son 840 los
fallecidos y Nicaragua está en segundo lugar con 931, de acuerdo con las
estimaciones.
Las autoridades (congresistas), con la intención de detener a los
asesinos del volante, que son los que provocan las mayores tragedias de la
nación, crearon una nueva Ley que endurecería la ya existente, bajo el No.114-99, que modifica la 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, en sus
artículos Núms. 49, 51, 52, 109 (mod. arts. 106, 107 y 108, 153 y 161). Nos llamó
poderosamente la atención, que el numeral 1 de esta legislación expresa lo
siguiente: “Si el accidente ocasionare la muerte a una o más personas, la
prisión sería de dos (2) a cinco (5) años y la multa de dos mil pesos
(RD$2,000.00) a ocho mil pesos (RD$8,000.00)”, por las pírricas amonestaciones
y sanciones cuando se pierde la vida de las personas.
Si todos los ciudadanos actuáramos con la debida responsabilidad y las
autoridades aplicaran su potestad en el cumplimiento de las leyes de manera
ejemplar, no tuviéramos tantas tragedias en las calles, autopistas y avenidas
de la República, las cuales enlutan las familias dominicanas. Es más que
evidente que para solucionar el problema tenemos que aumentar las penas y
garantizar que se puedan aplicar las ordenanzas ya existentes junto a sus
respectivas enmiendas.
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