Por Leonardo Plata.-
“Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun
siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz
sino viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad." Juan Pablo II.
Desde hace años, la República Dominicana se ha visto
afectada por el auge de la delincuencia, la cual ha sembrado el terror a la
mayoría de los ciudadanos que cohabitamos en los diferentes pueblos y urbes.
La delincuencia es un fenómeno social que tiene
múltiples causas y que para poder frenarla o disminuirla se requiere de una
seria de factores que vayan a la raíz de la causa que la genera.
Recientemente, fue promulgada la ley 596-016 sobre la Reforma Policial, la cual trae una serie de medidas y cambios en el accionar de
esa institución armada, la cual tiene como finalidad mantener el orden y la paz
en nuestro país, pero no es el sánalo todo de los males sociales que afectan
al país, sobre todo en los sectores mas oprimidos, que es donde se genera la
delincuencia y se producen hechos violentos.
Existe una presión mediática, un populismo social para
que el Estado dominicano, a través de sus organismos llamados a combatir los crímenes
y delitos, endurezcan y aumente las penas a las personas que transgreden la
ley, como si esto fuera el antídoto que va a curar el cáncer social llamado
delincuencia.
Con las modificaciones hecha al Código Penal
Dominicano, así como la nueva Reforma Policial, se evidencia la gran presión
social que existe contra el gobierno para que este ponga un stop a los niveles
de delincuencia, pero nadie se ha detenido a señalarle al gobierno las causas
que la generan, para buscar una solución más viable y más humana para constreñir
y combatir los hechos delictivos.
Hay que tener mucho cuidado, pues jamás se puede
legislar para disminuir las garantías y los derechos fundamentales de las
personas, independientemente de que sea delincuente o no, porque estaríamos ante una
involución jurídica que retrotraería conductas abusivas y represivas por parte de
los órganos persecutores del delito.
Los derechos fundamentales, consagrados en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los cuales somos signatarios, no permite que los países modernos que están dentro del marco de un estado
social, democrático y de derecho, jamás aspiren a quebrantar y mutilar los
derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad y la dignidad,
porque estaríamos cometiendo una involución en materia de derecho y eso es
peligroso, porque volveríamos a un estado de barbarie y de abusos de poder, por
parte de funcionarios y cuerpos castrenses.
El jurista y especialista en derecho constitucional
Eduardo Jorge Prats, en su obra “Los Peligros del Populismo Penal”,
plantea que "el populismo penal es antigarantista, porque propugna por
la disminución de las garantías; es maniqueo, porque orienta al combate de la
criminalidad como cruzada contra el mal; es panpenalismo, porque considera al Derecho
Penal como remedio de todos los males sociales, como sanalotodo social; y es
simbólico y demagógico, porque sólo crea la ilusión de que soluciona los
problemas vía la intervención penal".
La solución del problema de la delincuencia, en ningún
país del mudo donde se respeten los derechos fundamentales y la dignidad de las
personas, se resuelven aumentando los hechos punibles, porque sería contrario
al espíritu de la justicia y a las aspiraciones de una sociedad mas justa,
donde prevalezca la paz, la igualdad y la solidaridad entre todos sus entes
sociales.
La falta de oportunidad, la indiferencia gubernamental
en crear políticas sociales adecuadas para disminuir los niveles de pobreza,
los hogares en conflicto, la irresponsabilidad de muchos padres, el
desmoronamiento moral y espiritual que sufre la familia dominicana, es el caldo
de cultivo de este mal social llamado delincuencia y es ahí que está la raíz
del problema.
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